Televisión Digital Terrestre en Argentina

En 1989, durante el gobierno de Carlos Menem (1989-1999), la privatización de los canales configuró el sistema televisivo abierto y “gratuito” bajo el duopolio de Canal 11 y 13, relegando a una presencia marginal a los estatales 9 y 7, emisoras con fuerte impronta gubernamental.

Hasta ese momento con un desarrollo modesto, los sistemas cerrados de televisión por cable crecieron aceleradamente en suscriptores y cobertura en la región metropolitana. En este escenario audiovisual llegó la digitalización de la televisión abierta y gratuita.

La digitalización[1] de la señal del espectro radioeléctrico generaría la optimización de su uso, pues en el mismo canal de 6Mhz[2]por donde se transporta una señal analógica, se podrían transportar de cuatro a seis señales digitales o proveer la calidad de imagen[3]y sonido en alta definición. Además, permitiría recepcionar la señal de televisión abierta en transportes y teléfonos móviles, así como brindar servicios de datos e interactivos mediante un canal de retorno[4].

En 1998 Argentina adoptó el estándar norteamericano. La apresurada decisión tiñó de sospechas la planificación para la televisión digital terrestre (TDT), que se inclinaba por mantener el statu quo del sistema audiovisual, apostando a la alta definición.

Pero se realizaron pocos avances. Bajo la presidencia de Fernando De la Rúa (2000-2001), el secretario de Comunicaciones, Henoch Aguiar, criticó públicamente la adopción de aquella norma.

El final prematuro de la gestión de De la Rúa, la ruptura del consenso entre Canal 13 y Telefé, más el fracaso mundial de la norma norteamericana, crearon las condiciones para la posterior anulación del patrón técnico.

En 2006 una resolución del gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) resolvió la creación de una Comisión de Estudio y Análisis del Sistema de Televisión Digital, que consideraría las ventajas productivas, generación de empleo y derechos de autor para su implementación. Aunque no existen documentos oficiales de trabajo de la comisión, la resolución marca un antecedente para la posterior elección de la norma japonesa-brasilera.

Para fomentar su industria nacional, Brasil le había incorporado modificaciones técnicas a la norma japonesa. Eso cambiaría el rumbo de la decisión que seguiría un sendero latinoamericano.

Finalmente en agosto de 2009[5], el Congreso debate y aprueba el estándar nipón–carioca.  Se encargó al Ministerio de Planificación la implementación de la TDT. La migración a la televisión digital se presenta dentro de una estructura mediática televisiva dominada principalmente por el duopolio de Canal 11 y 13. A esto se suma la alta penetración de televisión por cable, que alcanza al 62 por ciento de hogares. Por lo cual, la experiencia de la TDT impactará en el 38 por ciento restante sin acceso a la televisión pagada.

 Desafíos para el sistema argentino de TDT

Durante la era analógica, la distribución de frecuencias de radiodifusión se concentró en Buenos Aires y una señal estatal gubernamental, con repetidoras en el interior del país. A su vez, la producción de contenidos también quedó bajo la lógica centro-periferia.

La digitalización de la señal podría optimizar el uso del espectro radioeléctrico y reducir el problema de la escasez. Sin embargo, la incertidumbre sobre la garantía de acceso crece por la ausencia de las funciones de los actores públicos que no son reemplazados por el mercado.

Al repensar los conceptos de acceso y participación teniendo como punto de partida el proceso de implementación de la TDT en Argentina, se observa que el desarrollo tecnológico está liderado por el Estado, quien delegó la gestión de la plataforma al Ministerio de Planificación.

No obstante, hace cuatro años el Canal 7 inició las pruebas técnicas de la norma digital, con la provisión de equipamiento por parte de la empresa japonesa NEC. Hasta el momento, la señal pública es el único radiodifusor que acompaña el proceso, como locomotora de la TDT en Argentina.

La estructura de la TDT se caracteriza por una plataforma nacional, donde el Estado se constituye como el carrier de las señales, transportando Canal 7, Encuentro, Paka Paka, Telam, INCAA TV, Vibra, GolTV, CN23, C5N y Telesur. Para la construcción de esta plataforma se asignaron las frecuencias 22, 23, 24 y 25 en UHF (Ultra High Frequency) al Sistema Nacional de Medios Públicos, usufructuadas por la televisión codificada[6].

El plan técnico tiene dos ejes en materia de acceso: la provisión de 47 antenas transmisoras en el territorio nacional, para maximizar la cobertura geográfica mediante la combinación de televisión por aire y satélite; y la provisión en comodato de decodificadores a sectores de menores recursos para sintonizar la televisión digital sin desprenderse del televisor en uso.

El modelo de televisión digital se orienta hacia un servicio universal más que a un servicio público, cumpliendo con la maximización de cobertura geográfica y emisión de contenidos gratuitos.

El segundo paso, que implica diversidad y pluralismo informativo en la oferta, es incierto; pues establecer los mecanismos de financiamiento de los contenidos para las señales, resulta uno de los principales desafíos.

En suma, redefinir la misión del servicio público en la era digital es el reto para garantizar el segundo paso de acceso. Ello implicará superar la compleja trama política entre los radiodifusores privados, líderes del actual sistema de medios, y los organismos gubernamentales, que buscan romper el equilibrio imperante en el sector.

Aunque la adopción del patrón técnico gozó de amplia participación ciudadana, la TDT pasó inadvertida, relegada a los discursos de los técnicos.

Respecto al nivel de la intervención de la población en la producción de los mensajes, aún no se cuenta con un despliegue suficiente de la TDT. Pero se advierte la intención oficial de romper con la lógica de producción audiovisual e informativa centro-periferia, y promover el federalismo.

 Palabras finales

Con el desarrollo del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre se observa un mayor dinamismo en materia de políticas de comunicación y una reformulada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que permitiría, de concretarse su aplicación, un mayor pluralismo y diversidad de voces.

En un marco de políticas inclusivas, el actual gobierno se plantea distribuir más de un millón de aparatos receptores entre los sectores más vulnerables de la población. Esta medida se encuentra en proceso, por ende resulta difícil evaluar su eficacia.

En cuanto a la participación, se observa un área de vacancia, ya que no se generaron instancias para la inclusión ciudadana; lo cual conlleva a un desconocimiento de la población. La combinación de “lo nuevo” en términos tecnológicos y una débil campaña de difusión, no facilitan una exitosa implantación de la TDT.

Hasta el momento, el desarrollo de la TDT en Argentina pecó de hermetismo, al dejar las instancias de debate y participación en esferas gubernamentales y sectores afines al gobierno. A la par, omitió al sector privado y a la sociedad civil.

La conformación de espacios deliberativos podría propiciar que los distintitos actores sociales confluyan para lograr, a partir de la interacción de fuerzas, los mejores resultados posibles con el objetivo de responder al interés público en temas vinculados a los procesos de comunicación.

 Notas